Independientes de la Guardia Civil (IGC), considera que estos cambios someten a una nueva vulneración los pocos derechos de los que gozan aún los agentes de la Guardia Civil y la Policía, ya que entre los cambios previstos está el cuestionar la presunción de veracidad en los atestados o denuncias confeccionadas por estos.
Sin duda la iniciativa llega en el peor de los momentos, puesto que es considerable el aumento registrado en los incidentes violentos en concentraciones de masas, con la proliferación de “botellones”. Una de las mas controvertidas modificaciones se centra en permitir la celebración de manifestaciones “espontaneas”, sin necesidad de comunicarlas previamente ni de advertir de sus recorridos, lo cual ligado a lo anterior parece a todas luces una bomba de relojería.
Asimismo se atacarán procedimientos esenciales como, por ejemplo, el mantener un flujo ordenado en los controles fronterizos de Ceuta y Melilla, el condicionamiento del cacheo superficial teniendo que realizarse únicamente en un lugar reservado a tal efecto o la prohibición en el uso de pelotas de gomas en dispositivos de orden público, sin especificar que otros medios disuasorios suplirán a éstas.
Lejos de abordar los problemas de nuestro día a día, todo apunta a que nos dejarán mas indefensos, no solo a los que debemos preservar la Seguridad, si no a aquellos ciudadanos que se ven pisoteados por una turba que no respeta la normal convivencia del resto.
Desde IGC nos llama notablemente la atención que se reavive este proyecto normativo por cuestión de agenda política y no por cuestiones técnicas o jurídicas, teniendo en cuenta el perjuicio que instigará en los derechos profesionales, colocando en la diana a los mas de 200.000 miembros de las FFCCS, al ser retirada de la Ley la prohibición de grabación y de difusión de imágenes de los agentes, lo que supondrá un peligro tanto para ellos, como para sus familias, debido al señalamiento en redes que pudieran llevar al acoso.
El escenario actual, lejos de cifras o estadísticas burdas, es que los ataques a Agentes de la Autoridad van en aumento (en el año 2020 aumentó un 27%), todo ello respaldado por las exiguas condenas a las que se enfrentan en el delito contra Agente de la Autoridad. Son ya las innumerables ocasiones que se pide la necesidad de endurecer las penas a este respecto, observando que no existe intención de llevar a cabo dicha reforma.
Estamos hartos de soportar lo barato que sale golpear brutalmente a un policía y nadie pone el ojo en este aspecto. Son ya las innumerables veces que se pide un endurecimiento de las penas a este respecto, pero pasan los años y todo sigue igual. Curiosamente cuando se trata de favorecer al infractor, reo o detenido, todo es mas rápido y los reales decretos, las leyes orgánicas o las normativas generales, cambian de la noche a la mañana.
Para acabar y lejos de ser un aspecto baladí, queremos recordar que la delincuencia general ha aumentado notablemente. Los homicidios han crecido un 6,3%, los delitos sexuales en torno a un 30%, los secuestros un 30,4, el tráfico de drogas un 10% y las infracciones generales en torno a otro 9%. Por todo ello no parece que el escenario actual sea el mas idóneo para rebajar las malas conductas si no todo lo contrario.
Por todo ello, IGC iniciará una ronda de contactos con los diferentes Grupos Parlamentarios para que se paralice o se enmiende esta disparatada reforma legal.
En Chantada (Lugo) a 10 de noviembre de 2021
